Durante cinco gobiernos no hubo Verdad ni Justicia para las víctimas de La Invasión de Estados Unidos a Panamá. De los 151 casos que ingresaron al Ministerio Público, solo uno tuvo condena: la muerte de un estadounidense

El jueves 27 de julio de 2018 Gilda Hernández fue tras el último intento para encontrar respuestas sobre las muertes de su esposo, Manuel Becerra, y de su hermano, Rogelio Smith. Pasadas las 8 de la mañana salió de su casa en Santa Librada, una barriada popular en las afueras de la ciudad, tomó un bus hasta la estación del Metro de San Isidro y, en menos de una hora, entró a la Comisión 20 de diciembre de 1989 para volver a repasar el momento en que unos soldados norteamericanos asesinaron a dos de los suyos.

Había leído la noticia en el periódico. Finalmente, el Estado panameño parecía hacer algo para conocer qué pasó, cuántos murieron y con qué clase de saña, durante La Invasión de los Estados Unidos a Panamá. Gilda estaba en su trabajo cuando vio el diario, cerró los ojos y suspiró con alivio: tras casi tres décadas, alguien del poder reaccionaba. La Comisión estaría recibiendo testimonios en la sede del Parque Omar, en el corazón del barrio San Francisco. Allí fue.

Lo que narró frente a dos voluntarios de la Comisión es lo mismo que viene repitiendo desde aquella mañana de terror: el 22 de diciembre de 1989 su esposo Manuel y su hermano Rogelio fueron asesinados a balazos por soldados gringos en la avenida de Los Mártires, a la altura de la Asamblea Nacional, cuando viajaban en un auto Lada Samara de color blanco, desde el barrio Santa Ana hacia Santa Librada, para volver a encontrarse con Gilda y sus dos hijas.

Gilda lo contó con la resignación de quien repite una historia trágica mil veces y nunca encuentra una respuesta que repare. Detalló cómo deambuló por morgues y hospitales hasta corroborar su tragedia durante los primeros días de enero de 1990 en una pared del Ministerio Público, cuando vio las fotos de Manuel y de Rogelio pegadas en un tablero, entre otros muertos. Bajó la mirada cuando recordó que en la morgue del Santo Tomas le mostraron varios cuerpos, pero ninguno le era familiar. Solo sonrió cuando nombró sus dos sus hijas, Jennifer y Genevie, y a su madre, Esther, quien también resultó herida en aquel viaje mortal pero el 25 de diciembre de 1989 la llamó desde el hospital Gorgas para decirle que le habían dado el alta.

Dijo también que desde aquellos días empezó una vida de intentos inútiles. Integró la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre para reclamar Justicia y luego se sumó a otro movimiento de familiares con el que probaron lograr algo ante todos los gobiernos de aquí y de Estados Unidos. También que pateó los pasillos del Ministerio Público hasta que sentenciaron que sí, que su marido y su hermano efectivamente habían muerto el día de La Invasión, pero que se carece de los elementos suficientes y necesarios para determinar debidamente el autor o autores del ilícito.

Contó que aunque en el Ministerio Público le aseguraron que los suyos estaban muertos, los cuerpos no los tenían así que le dijeron que llamara al Gorgas pues, para que allí mismo se los dieran y ella pudiese enterrarlos. Que llamó durante días, varias veces cada día, y nadie nunca jamás contestó. Que ya estaba en el fondo de la desesperación cuando una amiga se apiadó y fue y averiguó y siguió hasta que encontró a Manuel y a Rogelio enterrados en la fosa común del Jardín de Paz. Que cuando supo que para el Estado su esposo era una placa con el número 0027 y su hermano otra, la 0039, pidió ver ella para mostrarles —y mostrarse— lo que finalmente mostró: atrás de esos números estaban Manuel y Rogelio.

Otras cosas no las contó. Que nunca más se pudo enamorar. Que se quedó viviendo con una madre que ha llorado por 29 años la muerte de su hijo. Que se quedó sola a cargo de sus hijas —una de tres años, otra de uno—. Que mientras ella trabajaba en un ministerio, sus niñas quedaban con su madre. Que nunca quiso hablarles de ese pasado para que la ausencia se hiciera más liviana. Que llora poco, pero cada 22 de diciembre duele.

Semanas después de La Invasión, con Manuel Antonio Noriega en una cárcel de Estados Unidos y Guillermo Endara en el poder, los familiares de las víctimas salieron a gritar para que les respondieran dónde estaban los suyos. El país era un caos y aún había muertos en las calles. Gilda empezó el peregrinar: del Ministerio Público al Hospital Gorgas, del Gorgas al Ministerio Público, del Ministerio Público a la casa de la amiga que finalmente averiguó que Manuel y Rogelio estaban enterrados. Entonces, otra vez, al Ministerio Público para iniciar el proceso que le permitiera certezas.

Hubo cientos como ella que llegaron a las puertas de la Justicia para conocer dónde estaba un hijo, un esposo, una hermana desaparecida en esos días de muerte. Querían saber si habían muerto o los podían seguir esperando. Todos recibían confusión como respuesta: la democracia prometida no llegaría como la habían pintado.

Gilda pidió ver a los suyos para que le dieran garantías de que detrás de esas placas estaban Manuel y Rogelio. La exhumación llegó en abril de 1990.

La Justicia dijo que eso que habían visto testigos y mostraban las pruebas no era suficiente para acusar a nadie por la confusión.

A las 9 de la mañana del sábado 28 de abril, peritos judiciales ordenaron a un hombre sobre una excavadora y a algunos funcionarios con pala empezar a levantar la tierra de varias parcelas: Gilda no era la única que iba a identificar a sus muertos. Durante siete horas, Gilda observó en silencio cómo las montañas de tierra se acumulaban a los costados de cada una de las tumbas. Acompañada por una prima de su esposo, vio cómo por cada cuerpo desenterrado alguien cedía al llanto. Hasta que llegó el turno de las 0027 —Manuel Becerra— y la 0039 —Rogelio Smith—. Lo mismo de antes: excavadora-pala-soga-bolsa-cuerpo. Sacaron una bolsa negra, la abrieron y Gilda reconoció a su esposo. Luego, en otra bolsa negra, logró reconocer la cabeza del hermano, que estaba separada del cuerpo. No pudo decirlo, solo hizo un gesto y lloró.

Una vez enterrados, su suegra Cecilia, la mama de Manuel, presentó la denuncia en el Ministerio Público contra los responsables del asesinato. La Fiscalía llamó a declarar a Cecilia, pero a Gilda no. Cecilia contó lo mismo que Gilda a la Comisión 20 de Diciembre de 1989: el auto que viajaba por la avenida de Los Mártires, los soldados disparando desde una tanqueta del Ejército de Estados Unidos, un proyectil penetrando en el cráneo de Manuel, un proyectil perforando el tórax de Rogelio. La Fiscalía no recabó más pruebas y la Justicia dictaminó un “sobreseimiento provisional, objetivo e impersonal”.

Gilda no fue la única a la que la Justicia le dijo que eso que habían visto hasta seis testigos y mostraban las pruebas no era suficiente para acusar a nadie por la confusión, por la compleja situación o los disturbios durante los días de La Invasión. Hay 150 casos más que ha reunido la Comisión 20 de Diciembre de 1989 con la misma conclusión: murió durante La Invasión pero no se pueden establecer los responsables porque todo era un lío.

En el expediente de Humberto Araúz y Reimir Martínez, seis personas declararon que el 22 de diciembre pasadas las 9 de la noche vieron soldados gringos montados en tanquetas entrar a la barriada Altos del Chase, que esos soldados dispararon contra una casa en la que estaban reunidos unos vecinos, entre ellos Humberto y Reimar. Los proyectiles los alcanzaron a los dos. Murieron. La sentencia dice: “pese al esfuerzo no se ha podido vincular la conducta de personas determinadas en ese hecho ilícito”.

A Luis Castillo, Claudio De Roux, Henry Bailey, Ernesto Martínez, Eduardo Paredes, Mario Iglesias y Andrea Reid, según cuatro testigos, los mataron soldados estadounidenses en un retén. Viajaban en un busito desde Parque Lefevre hacía el Complejo de la Caja de Seguro Social y en la Transístmica los soldados gringos dispararon contra el vehículo. Para la Justicia “se pudo tan solo determinar las circunstancias en que fallecieron en forma colectiva los ocupantes del busito, pero queda sin establecer la identificación de el o los autores”.

El 25 de diciembre a las 7.30 de la mañana, Carlos Puga viajaba con un hermano en un auto por la Transístmica, en Chilibre, hacía Colón y también se encontró con un retén de soldados norteamericanos que estaban deteniendo a las personas. Carlos Puga decidió dar la vuelta para esquivarlos y la reacción de los soldados norteamericanos fue dispararle. Carlos Puga falleció, su hermano quedó herido y en el Ministerio Público contó los hechos. Contó, incluso, que el cuerpo de su hermano fue entregado a su padre por un soldado gringo ese mismo día. La Justicia determinó que “es indudable que fueron los soldados norteamericanos los únicos responsables”, pero que por las “especiales circunstancias (…) no es posible señalar quienes fueron los soldados que estaban apostado en el retén”.

En Arraiján, soldados norteamericanos en tanquetas dispararon contra el auto de Jovina García y José Espinoza. Ambos fallecieron. A pesar de que en el expediente se determinó que el auto tenía un agujero de 12 pulgadas y que dos testigos narraron los hechos, la Justicia una vez más determinó sobreseimiento provisional impersonal porque “no fue posible conocer los nombres de los soldados norteamericano que ocasionaron la muerte”.

Y así: 151 casos con idéntica conclusión. La Justicia se limitó a corroborar muertos. No administró Justicia. Entre el miedo y las respuestas huecas, muchas víctimas eligieron no denunciar más.

Solo en un caso la Justicia panameña concluyó algo diferente: la muerte del estadounidense Raymond Dragseth. El Segundo Tribunal Superior condenó a 20 años de cárcel al soldado panameño Juan Barría. ¿La diferencia? Una indiscutible está en el expediente de 5,600 hojas: una autopsia del Instituto de Medicina Legal, muchas más pruebas que juntó el FBI. A los casos de los panameños asesinados los investigaron fiscales locales que, sin tantos recursos o conocimiento o presupuesto o directrices claras, en algunos casos no pasaban de un testimonio. No a todos los muertos panameños se le realizaron autopsias, así que era imposible saber si las balas que los mataron habían sido disparadas por los gringos o quién. Para más, los fiscales no cruzaron información con el ejército de Estados Unidos sobre qué soldados estadounidenses se encontraban en qué sitios y a qué hora, o quiénes eran sus superiores jerárquicos. En el único caso que la Justicia panameña solicitó información al Comando Sur, fue en el de Humberto Araúz y Reimir Martínez. Pero Estados Unidos nunca respondió.

Para Gilda, como para los cientos de familiares de las víctimas de La Invasión, las sentencias fueron una bofetada de la democracia. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) lo resumió así en un informe de 1991: “Las circunstancias de las muertes resultan difíciles de precisar, entre otras razones, por la falta de investigaciones del gobierno y de las Fuerzas de Estados Unidos para esclarecer el paradero de muchas víctimas”.

La Invasión fue condenada por muchos gobiernos. Venezuela dijo a principios de 1990 que se trató de una “desgraciada humillación para nuestros pueblos”. Argentina solicitó el “retiro inmediato” de las tropas estadounidenses del país. Perú y Uruguay desconocieron al nuevo gobierno post dictadura, con Guillermo Endara a la cabeza, y Cuba dijo que los hechos eran lo suficientemente tristes y duros “para irritar y amargar a cualquiera, no ya pensando solo en lo brutal, en lo ilegal, sino en lo injustificable de la acción”. Para China, La Invasión fue un “violación a la soberanía” y México emitió un comunicado en el que expresó “su más firme condena al uso de la fuerza armada como medida para solucionar cualquier conflicto internacional”.

Los organismos internacionales bramaron todos. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas deploró la “intervención militar extranjera en Panamá” por ser “una flagrante violación al derecho internacional”. La Organización de los Estados Americanos “deploró” La Invasión y “exhortó” a Estados Unidos retirar las tropas. El Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que expresó su “radical descuerdo” con La Invasión.

Pero en su propio país, las víctimas no lograban ni un gesto de solidaridad. Decían que la democracia traería paz y progreso. Lo que no dijeron es que no repartiría eso para todos.

La Justicia dijo que eso que habían visto testigos y mostraban las pruebas no era suficiente para acusar a nadie por la confusión.

Guillermo Endara fue el primer presidente post Invasión. Juró en esos días de espanto en una base militar de Estados Unidos y, después, se reunió unas siete veces con la Asociación de Familiares y Amigos de los Caídos del 20 de Diciembre. En uno de los últimos encuentros, se lavó las manos: “Al Estado panameño no le compete atender los reclamos”. Endara inició la implementación del modelo democrático guiado por los Estados Unidos, que trajo a Panamá a miles de agentes y los repartió en distintas instituciones para que durante un año colaboraran con ese proceso de transformación del Estado. Entre esas dependencias estuvo la Justicia.

Cuando cuatro años después asumió el perredista Ernesto Pérez Balladares, los familiares pensaron que la cosa cambiaría. Después de todo, era del Partido Revolucionario Democrático (PRD), el brazo político de la dictadura militar que gobernó a Panamá desde 1968 y por 21 años hasta La Invasión. Pero se equivocaron. No hubo ningún acercamiento. Los familiares lo intentaron, pero Pérez Balladares no los recibió ni una vez. En cambio, intentó negociar la prolongación de las bases del ejército de Estados Unidos más allá del año 2000, cuando debía salir el último soldado gringo de Panamá como consecuencia de los tratados Torrijos-Carter.

Mireya Moscoso ganó las elecciones de 1999 y se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del país. En su gestión, centró el esfuerzo en esclarecer las violaciones de derechos humanos durante los 21 años de dictadura militar, con la creación de la Comisión de la Verdad.

Cinco años después, en 2004, el PRD volvió al poder y, con él, crecieron las expectativas de los familiares. Pensaron que Martín Torrijos, hijo del caudillo que había recuperado el Canal de Panamá para los panameños, iba a solidarizarse con los familiares y a reclamar Justicia por tanto avasallamiento. Pero tampoco. La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que creaba una Comisión de la Verdad para investigar las muertes de La Invasión: Torrijos lo vetó y dijo que había que “voltear la página”.

Después vino Ricardo Martinelli, un empresario multimillonario que ganó con promesas de cambio y repartija. Martinelli le encargó el tema a su canciller y vicepresidente, Juan Carlos Varela, que generó unos acercamientos pero salió del gobierno como pepito de guaba.

En el 2014 Varela ganó las elecciones. El sentimiento contra La Invasión en Panamá, tan resistido y contenido, había tomado otro rumbo. Ya no solo hablaban las asociaciones de familiares y los grupos de izquierda, ahora había también artistas y grafiteros plantando en las calles murales y mensajes de reclamo de Justicia.

Nadie lo hubiera apostado pero Varela fue el primer presidente que hizo algo. En 2016 creó la Comisión 20 de diciembre de 1989, un órgano del gobierno para investigar las violaciones de derechos humanos y esclarecer el número e identidad de las víctimas.

Habían pasado cinco presidentes de tres partidos políticos y a ninguno le había interesado el duelo, la Verdad o la Justicia. Tampoco pelearse con su mayor aliado en el continente: Estados Unidos, que justificó La Invasión amparándose en los Tratados del Canal.

Habían pasado cinco presidentes de tres partidos políticos y a ninguno le había interesado el duelo, la Verdad o la Justicia.

Los gringos tampoco respondieron a los reclamos de indemnización de los familiares de las víctimas. No era para sorprenderse. Nunca lo hicieron, en ninguna de las 13 intervenciones militares e invasiones que ha hecho en países de América Latina y el Caribe desde principio del siglo pasado, como la de Granada en 1983. En el caso Panamá, el artilugio que encontró fue engañoso: que la Ley de Reclamos Extranjeros de Estados Unidos no autoriza el pago de reclamos por daños que resulten de combates.

Hasta 2016, en las entidades gubernamentales de aquí y de allá los reclamos de Gilda y los demás familiares ya estaban sentenciados. Así que buscaron conseguir por otras vías la Justicia.

El viernes 16 de noviembre de 2018 Gilda estaba en Estados Unidos con sus nietos y le llegó una noticia celebrada en Panamá: la CIDH había señalado a Estados Unidos como “responsable por las violaciones al derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de las personas y a la propiedad” y le pedía “adoptar medidas de compensación económica” para las víctimas.

—Espero que al fin, de una vez por todas, mis difuntos sean reconocidos y resarcidos por ambos gobiernos: el de Estados Unidos y el de Panamá.

Después de casi 30 años de intentos, alguien parecía darle la razón a Gilda. Ni bien murieron los suyos, Gilda se unió a la Asociación de Víctimas de la Invasión y Familiares de los caídos del 20 de diciembre, que nació al mes siguiente de La Invasión y todos los días se reunía en la Casa del Periodista, sobre la avenida Balboa. Gilda recuerda que varios abogados se acercaron para tomar los casos, pero al término de un tiempo desistían. Hubo familias, como la de ella, que no podían pagarlos.

—Muchos abogados empezaban nuestros casos y luego, de la nada, desistían —dijo Gilda desde Estados Unidos—. Nos fuimos quedando solos.

Además de esa asociación, los familiares fueron apoyados por otras dos que operaban en el país: Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá (Copedehupa) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Panamá (Conadehupa). En Copedehupa había un sacerdote con ese tipo de fe como para mover montañas: Conrado Sanjur, un defensor de los derechos humanos y férreo crítico de la dictadura militar. Como presidente de la Copedehupa, comenzó a recopilar información para presentar una demanda ante la CIDH contra los Estados Unidos. Si en Panamá no pasaba nada, había que probar más allá.

"Espero que al fin, de una vez por todas, mis difuntos sean reconocidos y resarcidos por ambos gobiernos: el de Estados Unidos y el de Panamá"
Gilda Hernández

La demanda se presentó ante la CIDH el 10 de mayo de 1990 y quedó registrada con el número 10,573 bajo el nombre “Salas y otros versus Estados Unidos”. Tres años después, se abrió el proceso y los familiares reclamaron el pago de 250 millones de dólares por las pérdidas de vidas, las lesiones personales y los daños de propiedad. También pidieron que La Invasión se declare ilegal y violatoria a la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

La CIDH había ayudado de diferentes maneras a alimentar la Justicia en casos paradigmáticos. En Argentina analizó 5,580 denuncias de desapariciones forzadas durante la dictadura militar, en Paraguay escudriñaron los Archivos del Terror que guarda los documentos de la Operación Cóndor. Otro tanto hizo con el Diario Militar de Guatemala, que contiene los registros del genocidio del conflicto armado. En todos, los esfuerzos fueron para lograr verdad, reparación y justicia.

Para Panamá finalmente fue igual. El informe de la CIDH exige a Estados Unidos “realizar una investigación de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos en forma completa”.

Las víctimas lo vivieron como una victoria. Tardía, pero igual de celebrada. El gobierno de Estados Unidos, a través de la embajada en Panamá, reaccionó justificando la masacre que promovió: La Invasión, dijeron, era necesaria para “derrocar” la dictadura de Manuel Antonio Noriega y lograr instaurar una democracia que dio “muchas razones” a los panameños “para sentirse orgullosos”. Y aunque sí, las pérdidas de vida civiles fueron lamentables, apuntaron que dieron 420 millones de dólares al país para la recuperación de la economía y el desarrollo de proyectos. Lo que no dijeron es que es muy probable que no hagan caso a la CIDH y esperen, en todo caso, que culmine el trabajo de la Comisión de 20 de Diciembre de 1989, donde Gilda declaró el 27 de julio de 2018.

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Hasta el momento del informe de la CIDH, lo único que habían conseguido los familiares de las víctimas era una promesa que no fue.

Una parte de esos 420 millones de dólares que Estados Unidos dio para “reemplazar” viviendas y ayudar a familias de El Chorrillo, el gobierno decidió quedárselos como pago de los nuevos apartamentos que empezó a construir: 6,000 por cada vivienda quedaron para el gobierno, los afectados debían poner otros 2,000. El Estado hizo de la desgracia de los pobres un negocio. Algunas familias aún mantienen esa deuda por unas casuchas de miseria. Los vecinos del barrio aún no saben en dónde se invirtió el resto del dinero: nada cambió mucho desde entonces.

En el resto de la ciudad, quienes reclamaron por daños materiales se quedaron sin nada y, ahora, esperan que Estados Unidos cumpla con lo requerimiento de la CIDH. Yolanda Cortés de Varcasía, quien perdió su local comercial en El Chorrillo, es optimista: “Este pueblo es pequeño, pero luchador y si logramos que la Comisión Interamericana emitiera este informe, también podemos hacer que Estados Unidos cumpla”.

Las empresas aseguradoras en Panamá se limpiaron. No reconocieron los daños materiales que sufrieron los panameños y algunos comerciantes demandaron ante la Corte Suprema de Justicia a las empresas. El resultado fue el mismo: el seguro no cubrió daños por invasión militar. Gilda mantenía un préstamo por su auto Lada Samara color blanco, que por el impacto de los proyectiles de los soldados gringos terminó chocado e inservible. No hubo insistencia que lograra que la aseguradora pagara. La Invasión, además, la dejó endeudada.

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La mañana del jueves 27 de julio de 2018, Gilda se sentó frente a la cámara de la Comisión de 20 de Diciembre de 1989 y en 20 minutos resumió lo que vivió desde el momento en que observó desde la ventana de su casa, en la avenida de Los Mártires, avanzar La Invasión con las tanquetas del Ejército de Estados Unidos. También contó que cada 20 diciembre acude al Jardín de Paz a poner flores en las celdas 0027, donde está su esposo Manuel, y a la 0039 de su hermano Rogelio.

Meses después, dice que ella —y tantos como ella— merece Justicia. No dice si se dará, no quiere decirlo. Sí dice que espera que haya un día de duelo: un día feriado no devuelve a los muertos, pero los vuelve palabras y narración. Gilda dice lo único que realmente conoce: su historia. La repite, también, como un último intento de volverla memoria.